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Presidente del CEN del PRI: 1992

La Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Lic. Genaro Borrego Estrada fue un periodo de transición y apertura; un momento clave para la alternancia partidista en México, la inserción de nuestro país a la globalización y la democratización en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Un ejemplo de ello fue la reforma de 1992 que elevó a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Lic. Borrego ocupó el cargo del 14 de mayo de 1992 al 30 de marzo de 1993. Para ese momento el Partido Revolucionario se encontraba bajo la visión del “liberalismo social”, un proceso modernizador en el plano político, económico y social sin perder de vista las particularidades del desarrollo histórico de nuestro país. Gracias a las acciones emprendidas en ese entonces nuestro país se encaminó en una ruta de apertura del sistema político sustentado en la estabilidad, característica única de la transición democratizadora en México. El 17 de diciembre de 1992 nuestro país, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), momento de inflexión para el México contemporáneo que conocemos hoy en día (un protagonista entre las potencias exportadoras, un foco de desarrollo manufacturero etc.). Para ese momento el Lic. Borrego promovía “la reforma de la Revolución que rescata y preserva valores esenciales de nuestra historia, a la vez que engarza al país con los grandes cambios de orden científico, tecnológico, económico y social que se están registrando en un mundo globalizado e interdependiente”. Pero los cambios no sólo fueron del orden político-discursivo, en 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social y se lanzó el programa Solidaridad, punta de lanza de los programas de transferencias para el abatimiento de la pobreza a nivel mundial. Se generó el concepto del” nuevo Estado Solidario que promueve un desarrollo social justo, basado en la capacidad popular para transformar las propias realidades del entorno”.  Esta concepción se mantiene vigente al día de hoy, ya que el “Estado Solidario rechazaba por igual al Estado mínimo del neoliberalismo como al Estado propietario, burocrático e intervencionista”. Bajo su dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional quedaron atrás las visiones aislacionistas y populistas que llegaron a permear el aparato de Estado, readaptando la visión de desarrollo a los requisitos ineludibles de la modernidad. En ese momento también comenzó a gestarse la necesidad de una ciudadanía activa para la consolidación de una democracia, así el Lic. Borrego afirmó que: “Con nuestra acción política buscamos acrecentar las libertades individuales y sociales para la realización plena de los mexicanos en sus propósitos de mejorar su sistema democrático. El objetivo final del ejercicio pleno de las libertades es la justicia y el bienestar… En consecuencia, se trata de acrecentar libertades para acercarnos cada vez más a la igualdad y la justicia social”. Bajo la dirigencia del Lic. Borrego los programas sociales gubernamentales destacaron por el involucramiento de las comunidades beneficiarias en su implementación y desarrollo. “La democracia no se agota en lo político, sino que, para ser integral, necesita trasladarse a todas las esferas del acontecer nacional, los valores de la democracia deben ser parte de las nuevas expresiones políticas, de los nuevos comportamientos sociales y de todas las libertades individuales”. El pluralismo fue otro concepto que pasó a reforzar la nueva visión de ciudadanía: “En el ámbito de la vida pública, asumimos el compromiso de ensanchar los espacios para el desarrollo de la cultura política del pueblo, propiciando un debate de altura en torno a los asuntos que nos preocupan, participando con elevada actitud cívica en las diversas fases de los procesos democráticos, y aceptando que el avance de nuestra civilización depende de que sepamos hacer del pluralismo una fuerza unificadora”. Defendió el “generar confianza y credibilidad en los resultados electorales”, idea que se sustentaba en la reciente aprobación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el 15 agosto de 1990 y que trajo como consecuencia la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1994. 

 

 

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